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El objetivo del presente artículo se centró en analizar el reconocimiento jurídico y constitucional de la familia de crianza en la jurisprudencia colombiana desde la Constitución Política de 1991, identificando los derechos que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reconocido a los hijos de crianza y su equiparación con las familias constituidas por vínculos biológicos o legales. La revisión de las sentencias desde el año 1991 muestra avances en el reconocimiento de los derechos de la familia de crianza. Dentro de la investigación se evidenció el reconocimiento de la protección constitucional del derecho a la unidad familiar y a la igualdad, lo que implica acceso a beneficios como la afiliación a cajas de compensación familiar, seguridad social, educación y reparación de víctimas. La jurisprudencia establece que los hijos de crianza gozan de los mismos derechos que los hijos biológicos o adoptivos, y que el vínculo familiar no se limita a los lazos sanguíneos o vínculos legales. Se valora la importancia de las relaciones de afecto, solidaridad, respeto y protección en las familias de crianza, y se exige que las instituciones estatales protejan y garanticen todas las formas de familia.

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En Colombia se ha presentado violencia legal mediante prácticas y técnicas para el ejercicio del poder político, junto con una institucionalidad que ha perpetuado las violencias e injusticias estructurales, lo que ha generado desplazamiento forzado, acumulación de tierras y desposesión del campesinado y los pueblos originarios. Respecto a lo anterior han surgido prácticas de resistencia frente a la opresión y la dominación arbitraria, las que, sin duda, han permitido dotar de dignidad a los pueblos que han logrado articular sus resistencias para hacerse a la titulación individual o colectiva de tierras. En el presente trabajo se muestra cómo se ha ejercido la violencia mediante el derecho, dando una lectura en perspectiva crítica a partir de la visión materialista, pretendiendo mostrar las tensiones y contradicciones de manera dialéctica desde los estudios sociales, jurídicos, históricos y geográficos críticos, pasando luego a analizar el problema de la tenencia de la tierra en Colombia y su acumulación. Y, finalmente, se plantean alternativas de solución a estas problemáticas desde la visión de justicia social, la libertad republicana y la concepción fiduciaria de la propiedad.

Em julho de 2021, uma decisão da Corte Federal australiana gerou importante interesse internacional sobre uma questão importante: podem Inteligências Artificiais (IAs) figurar como inventoras em pleitos de proteção patentária de invenções? A resposta exige uma avaliação teórico-prática a partir do processo de definição da atividade inventiva, o que IAs de finalidade específica são capazes de fazer e mesmo a partir do que a decisão em questão afirma sobre a situação do caso. O trabalho pratica esse esforço metodológico questionando o que a referida decisão assevera sobre o estado da arte de IAs em matéria de atividade inventiva. Por meio da hipótese de que nenhum postulado de IA geral é levantado e fazendo uso do método hipotético-dedutivo, o trabalho confirma a hipótese e conclui que a estrutura argumentativa da decisão analisada é sólida, inclusive beneficia o contexto de inovação praticada a partir da aplicação de técnicas de IA.

El artículo analiza comparativamente la evolución y los límites de la regionalización y del reconocimiento de entidades territoriales indígenas en cinco países andinos —Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— a partir de un enfoque de derecho constitucional y una metodología cualitativa basada en análisis documental de constituciones, leyes de ordenamiento territorial y bibliografía especializada, complementada con una perspectiva histórico-institucional sobre dependencias de trayectoria desde el período colonial. Se examina cómo las reformas constitucionales de las últimas décadas, que formalmente introdujeron principios de descentralización, equidad interterritorial y pluralismo cultural, han enfrentado obstáculos estructurales para su implementación efectiva. El estudio identifica como principal condicionante para el avance de estos procesos de descentralización la persistencia de un modelo económico extractivo y fiscalmente centralizado, que mantiene la concentración del poder político y financiero en las capitales nacionales. El traslado de funciones y competencias hacia las regiones y los territorios indígenas ha sido limitado por la dependencia de rentas extractivas y la debilidad institucional de los niveles subnacionales. Aunque recientemente se registran progresos parciales, como, por ejemplo, en el proceso de reglamentación de los territorios indígenas en Colombia, nuevas autonomías en Bolivia, y reformas administrativas en Chile y Ecuador, el panorama general revela que las promesas constitucionales de equidad territorial y autonomía indígena siguen siendo aspiraciones más que realidades institucionales. El artículo concluye que la superación del centralismo andino implica repensar el modelo económico y fiscal que lo sustenta.

La restitución de las tierras despojadas por la violencia generalizada en Colombia está siendo adelantada por la Justicia Transicional mediante la Ley 1448 de 2011. Este proceso con limitación temporal requiere ser complementado por la jurisdicción ordinaria mediante la aplicación de la institución de la fuerza como vicio del consentimiento. El presente artículo pretende abordar el estudio de los requisitos de la fuerza en el derecho civil y su tratamiento jurisprudencial, con el objetivo de establecer si puede actualmente coadyuvar eficientemente en la labor de restitución de las tierras despojadas por la violencia generalizada en el país.

El régimen constitucional ambiental en Colombia ha definido un robusto plexo normativo destinado a salvaguardar el derecho colectivo a un ambiente sano. No obstante, la eficacia de este marco se ve interpelado por el incremento en los procesos sancionatorios ambientales documentados en contra de empresas constructoras en el municipio de Armenia, Quindío, durante el periodo 2015-2021. Esta realidad, motivó esta investigación de corte sociojurídico con enfoque mixto, que propuso caracterizar los comportamientos antijurídicos en la aplicación del procedimiento sancionatorio a proyectos urbanísticos en esta jurisdicción. Se identificaron las normas con mayor nivel de imputación y se categorizaron los escenarios jurídicos en los cuales se impulsaron los procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental. El análisis identificó 18 empresas constructoras vinculadas. El resultado clave fue la significativa brecha procesal: de los 25 autos de apertura de investigación, solo el 28 % culminó en imputación de cargos y únicamente el 4 % derivó en una sanción efectiva. Entre las principales conductas antijurídicas recurrentes se destaca la afectación en zona de protección (18 %) y la ocupación de cauces (14 %). Estos hallazgos revelaron una sistemática lesión al régimen jurídico ambiental. Se subrayó la urgencia de revisar la aplicabilidad del régimen sancionatorio por parte de la autoridad competente y la necesidad de desarrollar políticas de prevención del daño antijurídico que promuevan la responsabilidad ambiental empresarial.

El presente artículo analizó cómo la teoría del núcleo o contenido esencial de los derechos contribuyó a la comprensión y consolidación de la noción de los derechos fundamentales en el contexto jurídico colombiano por parte de la Corte Constitucional. Se empleó un método de investigación cualitativa con enfoque descriptivo, partiendo del análisis de la doctrina nacional, internacional y de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, que mediante un trasplante jurídico ha delimitado el contenido y alcance de la mayoría de los derechos fundamentales ante la omisión legislativa del Congreso de la República, con el fin de reafirmar su papel como guardián de la constitución y contribuir a la consolidación del respeto de la dignidad humana dentro del marco del Estado Social de Derecho. En esta investigación, se identificaron los problemas y disyuntivas que se generan a la hora de definir el concepto de los derechos fundamentales, el origen de la teoría del núcleo esencial de los derechos y la manera en que la Corte Constitucional ha ejercido, mediante su control de constitucionalidad tanto previo como posterior, la manera de encontrar respuestas que van a permitir la consolidación de una teoría de los derechos fundamentales local de acuerdo a los circunstancias propias del derecho constitucional colombiano.

El presente artículo tiene por objetivo estudiar la invocabilidad del principio de precaución como mecanismo anticipatorio a los daños potenciales que se derivan del uso o implantación de dispositivos médicos, sobre los cuales no se tiene un pleno conocimiento de los riesgos en la salud humana. Con el fin de evidenciar este panorama, se realiza un recuento desde el caso del anticonceptivo Essure y se plantea la problemática del escenario de incertidumbre que se puede llegar a generar en este ámbito, y que amerita la adopción de medidas precautorias a fin de evitar un daño en masa. La metodología se basó en un diseño experimental y longitudinal de información jurídica y técnica especializada, a efectos de no intervenir las diferentes variables conceptuales y normativas, más allá de observar y comparar el contexto de la problemática sobre la gestión del riesgo y la incertidumbre en el ámbito médicosanitario. El documento concluye que, si bien existen posturas a favor y en contra de la aplicación del principio de precaución, esta no deja de ser una opción válida, pues tiene el potencial de promover una evaluación científica exhaustiva de los riesgos posibles en el diseño y fabricación de dispositivos médicos

El presente artículo tiene como propósito analizar la posibilidad de extender los efectos de una cláusula arbitral a otras partes no signatarias de dicho acuerdo, a través de una revisión de doctrina y jurisprudencia desarrollada en relación con el arbitraje internacional. Para el desarrollo del objetivo, la investigación se basó en una metodología de enfoque cualitativo con método hermenéutico, a través de la revisión bibliográfica como técnica de recolección de información y un método deductivo en el marco de la lógica jurídica, con el fin de analizar laudos arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual permitió estructurar la línea argumentativa en dos segmentos relevantes: el primero, es el concerniente a la caracterización de la figura dogmática del arbitraje, en este se desarrollan los elementos fundamentales para su configuración y los argumentos doctrinarios que justifican que de la misma se deriven particulares efectos jurídicos. Posteriormente, en el segundo, se presenta el análisis de la extensión de una cláusula arbitral, para lo cual se empleó el estudio de laudos arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional. Lo anterior permite concluir que, si bien existen pronunciamientos que permiten la extensión de los efectos de la cláusula arbitral a terceros no signatarios, la práctica del arbitraje internacional ha sido reacia en permitirlo, configurando una serie de requisitos de estricto cumplimiento para su configuración.

Este artículo analiza si el régimen SIMPLE de tributación cumple con su propósito de reducir las cargas formales y tributarias de los contribuyentes, en contraste con las cargas del régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Para arribar a sus conclusiones se empleó una metodología que consistió en el estudio crítico de las normas que regulan ambos regímenes, también sobre literatura existente sobre la materia y sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que ayudan a aclarar conceptos introducidos por estas normas. Como consecuencia de este análisis, se evidenció que, aunque el régimen SIMPLE ofrece ciertas mejoras en la complejidad del sistema tributario para los contribuyentes que se acojan, estas no son suficientes para considerar que existe una verdadera simplificación del sistema tributario nacional.

Una de las grandes problemáticas que enfrenta el trabajador en Colombia al intentar obtener un resultado favorable en un proceso judicial por presunto acoso laboral en el sector privado radica en la complejidad asociada al manejo de la carga probatoria al interior del proceso. En este contexto, resulta pertinente cuestionarse: ¿Cómo se explican las dificultades específicas que enfrenta el trabajador en relación con la carga de la prueba en este tipo de procesos? Para abordar este interrogante, se llevó a cabo una investigación de carácter cualitativo, fundamentada en los paradigmas hermenéutico y positivista, que incluyó un análisis exhaustivo de textos jurisprudenciales, normativos y doctrinales, complementado con un trabajo de campo basado en la aplicación de métodos cuantitativos y estadísticos. Los objetivos de dicha investigación se centraron en tres aspectos fundamentalmente: en primer lugar, identificar los vacíos normativos existentes en la regulación del acoso laboral en Colombia; en segundo lugar, examinar el funcionamiento de la carga probatoria en los procesos judiciales por acoso laboral; y finalmente, analizar las principales dificultades que enfrenta el trabajador en el cumplimiento de la carga probatoria en casos de presunto acoso laboral en el sector privado. Los hallazgos de esta investigación evidenciaron que las principales barreras para el trabajador demandante en el cumplimiento de la carga probatoria se relacionan con la credibilidad de los testimonios, la pertinencia y eficacia de las pruebas presentadas, así como la capacidad de establecer un vínculo causal entre las enfermedades alegadas y las conductas de acoso laboral.

El artículo abordó el sistema de evaluación de la mediación familiar licitada en Chile y cómo las políticas públicas y las variables institucionales influyen en la calidad del servicio, para lo cual se realizó un estudio cualitativo, documental y sustentado en datos emanados de dos informes técnicos oficiales alusivos al proceso de supervisión de la calidad de la misma y que se relacionan con la evaluación sistemática y estandarizada realizada desde el aparato estatal denominada ECAME. Los resultados dieron cuenta de los nudos críticos concernientes a la formación y destrezas de los mediadores, pero también emergió como hallazgo la necesidad de mejorar y actualizar la metodología de evaluación. Por lo anterior, se concluyó que es fundamental incluir en la formación y evaluación de los mediadores elementos asociados al trabajo con las emociones y el dominio de las políticas públicas asociadas a género e interculturalidad. De igual forma, quedó en evidencia que urge contar con un sistema de seguimiento de acuerdos y el desarrollo de un plan nacional de formación de mediadores extensible a otras áreas de trabajo.

This article examines feminism as a legal, political, social, cultural, and human rights challenge. The study analyzes its origins, scope, and relationship with the evolution of the concepts of the individual and the legal subject. Through a documentary and bibliographic methodology supported by critical analysis, the article traces the development of feminism across four identifiable waves and evaluates the principal challenges that contemporary feminist movements confront. The article argues that feminism has played a decisive role in the transformation of modern legal and political thought by exposing the persistent gap between formal equality and substantive equality. Furthermore, it demonstrates that feminist theory and activism have contributed to a profound—although still incomplete—reconfiguration of legal and social structures through sustained critique of patriarchal arrangements and demands for more effective guarantees of dignity, equality, participation, and rights for women in both public and private spheres.

La investigación buscó establecer una discusión doctrinal sobre el delito de robo y hurto en contraste con la casuística revisada en una fiscalía de la Amazonía peruana. Para ello, desde un enfoque cualitativo, a partir de un estudio de casos, se aplicó un tipo de investigación básico que da cuenta que sin elementos de convicción periféricos de carácter objetivo que respalde la veracidad de los hechos y sin una recolección de indicios sucedáneos, los operadores de justicia se quedan sin la posibilidad si quiera de formalizar la investigación preparatoria, por lo que el delito de robo y hurto, por lo general, quedan en la impunidad. Esto plantea una serie de desafíos ante una problemática generalizada y normalizada en que la criminalidad y ladelincuencia parecen indetenibles.

Actualmente en Chile las técnicas de reproducción humana asistida constituyen una de las vías para concretar diseños familiares, realidad a la que han contribuido, entre otros factores, los avances científicos y la valoración médica de estabilidad en las intervenciones en salud en el país. El progresivo aumento de su utilización, sin embargo, ha tenido una menguada recepción en su regulación legal. El presente trabajo tiene como objetivo revisar este tratamiento analizando el rol central que cumple la voluntad procreacional y su vinculación con el consentimiento informado, buscando contribuir a la configuración de los requisitos de forma y fondo para su emisión y validez, evidenciando la necesidad de contar con un marco regulatorio específico que disminuya las ambigüedades, aportando certeza jurídica en un ámbito que involucra el establecimiento de la filiación y derechos inherentes de las personas. Para este examen se recurrió al método dogmático mediante la exégesis y la sistematización, tomando de base la única norma de rango legal referida a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en el ordenamiento chileno y ciertas reglas administrativas vigentes, revisando doctrina nacional y extranjera. En torno a las prescripciones relativas a la voluntad y su vigencia, se analizó sucintamente la normativa especial adoptada en sistemas de derecho continental como Argentina, España y Uruguay, que pudieran contribuir en el tratamiento de la materia en Chile.

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La hermenéutica de la complejidad articula epistemológicamente el campo iusfilosófico de la justicia restaurativa, reposicionando la búsqueda de sentido como eje del iusnaturalismo constitucional. En el presente artículo se desarrollan los aportes de Edgar Morin en la interpretación constitucional desde el principio dialógico, el cual trasciende el texto normativo hacia las realidades complejas que afrontan los sujetos de derechos, como es el caso de las víctimas en la realización de los objetivos de justicia restaurativa, considerando esta última no como una realidad acabada, sino como el sentido del Ser-ahí, en tanto proyecto de construcción permanente.

Este estudio analizó comparativamente la aplicación de medidas cautelares innominadas en cuatro países de América Latina: Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Mediante análisis doctrinal histórico-jurídico y revisión de jurisprudencia de los respectivos tribunales superiores, se examinaron los códigos procesales civiles y las tendencias jurisprudenciales en el uso de estas medidas entre 2000 y 2022. Los resultados evidenciaron que Colombia y Brasil las aplicaron ampliamente bajo cláusulas abiertas de habilitación, mientras que Argentina y Chile han adoptado una postura más restrictiva, condicionada por una interpretación estricta del principio de legalidad. El análisis determinó que la amplitud de la cláusula habilitante, la tradición constitucional de cada país y el grado de control judicial de proporcionalidad son los factores que determinan el alcance del uso de estas medidas. Estos hallazgos aportan información sobre el desarrollo de las medidas cautelares en los sistemas jurídicos latinoamericanos y su papel en la tutela judicial efectiva.

La investigación se propuso identificar, analizar e interpretar los riesgos sobre los derechos de la persona (neuroderechos) derivados de aplicaciones neurotecnológicas en la actividad neuronal del cerebro y sistema nervioso. Se asumió una metodología cualitativa con orientación prospectiva, bajo un diseño de análisis de contenido documental, mediante las técnicas de análisis-síntesis e interpretación jurídica. Los resultados mostraron que las aplicaciones neurotecnológicas podrían generar, en el futuro, riesgos de impacto negativo sobre los derechos de la persona, debido al carácter progresivo de estas innovaciones. Se concluyó que resulta necesario que los países asuman las medidas anticipatorias, tales como políticas públicas, regulaciones,adecuaciones normativas u otras intervenciones con el fin de prever y mitigar dicha situación.

La actividad administrativa implica aproximarse a todas aquellas materias con incidencia directa en la sociedad, es la procuración del bienestar social y la subsanación de necesidades presentes y generales de todos los habitantes. Finalidad que ha colocado desde siempre a las autoridades administrativas como un eje sustentador del Estado, las cuales se hacen partícipes de su poder para el cumplimiento de los cometidos —división de poderes—. Principio que, junto con las prerrogativas de poder, concretan el principio de autotutela administrativa, el cual está plenamente sometido al ordenamiento. El objetivo general de este artículo es mostrar el surgimiento de la administración pública y su importancia en el actual Estado social de derecho, al igual que sus medios y límites, utilizando para ello, como método general de investigación, el cualitativo y como específico el bibliográfico documental;aunado esto de los enfoques descriptivo, hermenéutico y crítico.

El presente artículo tuvo como fundamento la tensión surgida entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia (La Corte), a raíz de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, la prevalencia que esta tiene en el ordenamiento jurídico y, sobre todo, la función medular que tiene La Corte de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se buscó mostrar, con fundamento en la experiencia y el análisis teórico, que la filosofía del lenguaje proporciona el método que aplica la Corte Constitucional de Colombia para resolver las tensiones entre sus actos de habla ilocucionarios y los emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el cumplimiento de su función como guardiana de la Constitución. La metodología fue exploratoria, se analizaron los fundamentos de las teorías de algunos de los más representativos filósofos del lenguaje; encontrando en la teoría acuñada por Austin (2009) y refrendada por Searle (2017), la mejor fuente para responder a la inquietud planteada. Asimismo, se rastrearon las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia en las que el alto tribunal se fundamentó en el tema del lenguaje para resolver los problemas sometidos a su consideración. Al analizar dichas sentencias, se evidenció que la filosofía del lenguaje proporciona herramientas adecuadas para el análisis del lenguaje jurídico y que, en algunos casos, las providencias de la Corte tienen como fuente directa los planteamientos de los filósofos del lenguaje estudiados en la presente investigación.

Las violaciones de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno han situado al Estado colombiano en la obligación de resarcir a las víctimas por los daños sufridos. En tal sentido, el cumplimiento del derecho fundamental a la reparación integral —en el marco de una justicia transicional— ha estado disperso en los diferentes órganos y entidades públicas, quienes ejercen seguimiento y evaluación, a partir de pautas fijadas por la actividad jurisdiccional. No obstante, Colombia no cuenta aún con los indicadores adecuados para identificar el grado de avance en el acceso a estas medidas. Por ello, se pretende desarrollar los fundamentos teóricos del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH]), y su incidencia en el seguimiento y evaluación de derechos a través de metodologías de monitoreo; luego, se identificarán las bases teóricas y normativas de la reparación integral en Colombia, y su diagnóstico actual, para finalmente examinar la existencia de indicadores adecuados que den cuenta de su cumplimiento. Lo anterior, con miras a evidenciar la necesidad de incorporar ajustes que puedan aportar una mirada más amplia en el abordaje de este derecho y que faciliten la toma de decisiones para su realización.

Este artículo de investigación examinó los retos que enfrentó el Consejo de Estado en el tratamiento de la reparación simbólica en casos de ejecuciones arbitrarias en Colombia. La reparación simbólica buscó promover la restauración del daño en situaciones en que resultó imposible garantizar la restauración plena y, en consecuencia, minimizar los efectos del hecho dañoso. Por ello, se compone de los derechos a la verdad, la memoria y las garantías de satisfacción y no repetición. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cualitativo con análisis documental hermenéutico, a partir del cual se examinaron veintiún sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferidas entre 2008 y 2022. En primer lugar, se examinó el fenómeno social de las ejecuciones arbitrarias y la incidencia de las políticas estatales de seguridad en la creación de sistemas criminales que acabaron con la vida de personas que no participaban de las hostilidades y fueron reportadas como integrantes de grupos armados al margen de la ley. A continuación, se estudió el concepto legal y doctrinal de la reparación simbólica y su proceso de incorporación en el ordenamiento jurídico colombiano. Además, se analizó la muestra de sentencias para determinar el tratamiento otorgado a la figura jurídica y la forma de implementarlo a través de los enfoques y la metodología establecida desde la doctrina. Se identificaron obstáculos en el proceso judicial, entre ellos la falta de reconocimiento de la reparación simbólica como un elemento jurídico independiente de la reparación integral y la ausencia de participación de las víctimas en la determinación de las medidas adoptadas para la restauración de los daños.

El objetivo principal fue plantear la responsabilidad internacional del Estado peruano por no someter la detención en flagrancia delictiva al control del juez. Dicho control limitado a los casos en que el delito objeto de la detención activó el denominado proceso penal inmediato; fuera de tal supuesto, el detenido no fue conducido ante el juez para que se examinara la legalidad de la detención. Cuando sí se produjo esa conducción, el propósito fue resolver la solicitud de prisión preventiva, sin verificar previamente si la detención había sido o no legal. El alcance del estudio resultó valioso en tanto denunció el incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Perú en materia de derechos humanos del detenido en flagrancia delictiva. Como conclusión se planteó que los jueces peruanos debían acudir al control de convencionalidad para justificar que, previo a resolver la prisión preventiva solicitada, se controlara la legalidad de la detención, ordenándose la libertad del detenido cuando la privación de su libertad no hubiera sido conforme a derecho.

Hans Kelsen es uno de los juristas más decisivos del siglo XX. Su obra significa y representa un esfuerzo por hacer del derecho una ciencia. Con un objeto de estudio definido y ajeno a cualquier intromisión de la justicia, de la moral, de la política o de la economía. Sus esfuerzos humanos e intelectuales le exigieron construir un sistema en el que el orden normativo era una expresión jurídica y una manera de comprender el orden social. De ahí que su obra se hizo sistema, sobre el cual la política y el derecho comparten una misma esencia. Tanto en el derecho como en la política Hans Kelsen llevó la reflexión teórica a orillas inimaginadas y poco frecuentes, en pesadores de estos tiempos.

La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales, ampliando sin más la lógica mercantil, por lo tanto en los últimos años los Estados han generado una serie de mecanismos de estabilización jurídica que promueven la inversión extranjera; inversión, considerada como la piedra angular para alcanzar el desarrollo. Colombia expidió la Ley 963 de 2005, por medio de la cual se le permite al Estado suscribir contratos de estabilidad jurídica con el objetivo primordial de incentivar la inversión extranjera. El presente artículo de investigación presenta un análisis de derecho comparado de los contratos de estabilidad jurídica en una economía globalizada y su implementación en otros países de América Latina como es el caso de Perú y Chile.

El presente artículo recoge una revisión bibliográfica acerca de la justicia transicional en aras de contribuir al debate informado sobre la materia. Para ello inicia con una breve exposición sobre los orígenes de la justicia transicional y lo que se entiende por esta; continuando con los dilemas que suscita frente a la democracia y los derechos humanos; al igual que el análisis de los tiempos de esta justicia y su prolongación por décadas después de las transiciones; para luego explorar un grupo de trabajos de índole explicativo sobre trayectorias de justicia y terminar reflexionando sobre los desafíos del campo.

El presente artículo de revisión derivado de investigación, esboza algunas aproximaciones teóricas y conceptuales de dos categorías problemáticas: el desarrollo y los derechos humanos. Estas categorías se presentan en un escenario de interrelación entre los actuales modelos de desarrollo y la vulneración de derechos humanos, así como en la generación de conflictos y confrontaciones por causa de estos. La primera categoría aborda la conceptualización de los antecedentes y tendencias del desarrollo como modelo económico y sostenible; se presentan las principales críticas y discusiones en torno al concepto y su evolución. Así mismo, se cuestiona sobre el alcance y la finalidad del desarrollo desde la generación de conflictos, luchas y tensiones; al igual que en la incidencia, afectación o vulneración de los derechos humanos. En segundo lugar se conceptualiza sobre los derechos humanos, su referencia histórica y las tendencias actuales, y se discute sobre el escenario presente de vulneraciones por causas asociadas al desarrollo. Finalmente, se analizan las interconexiones de estas categorías a la luz de los conflictos generados a partir de modelos de desarrollo y la vulneración de los derechos humanos derivados de ellos.

Desde nuestro nacimiento nos encontramos con una multiplicidad de situaciones que van desde nuestro estado natural, al estado social y de este al estado político. Aunque cada una de estas situaciones parece normal, cada una de ellas está regida por contextos diferentes. Estas corresponden a tres estados: de naturaleza, social y jurídicopolítico. En este artículo mostraré como se hace el derecho con palabras. Idea que se expone a través de la teoría de los performativos de Austin y la cual Olivecrona aplica al lenguaje jurídico. Esto significa que para elaborar cualquier tipo de pacto institucional, previo a este, es esencial el pacto lingüístico como lo concibe Hobbes en el Leviatán. Sin embargo, en la construcción del pacto institucional, también es necesario un lenguaje regido por reglas tal como lo concibe Searle al analizar las reglas institucionales. Reglas que son fundamentales para el lenguaje jurídico.

La Universidad de Caldas contempla en su misión institucional su contribución para formar ciudadanos; no obstante, hasta la investigación cuyos resultados aquí presentamos, no contaba con un estudio sistemático que se ocupara de dichos aportes. Realizamos el estudio durante los años 2011-2012, buscamos establecer el estado de dicha contribución en ese mismo período, nos apoyamos en los criterios básicos de la investigación-acción; convocamos la participación de estudiantes, docentes y directivos de la institución; constituimos un grupo de investigación con catorce estudiantes de sociología próximos a graduarse, con quienes acordamos las determinaciones de los conceptos que empleamos y realizamos el proceso investigativo. A continuación presentamos la comprensión del problema de investigación, los criterios metodológicos y conceptuales que orientaron el trabajo, los hallazgos y las sugerencias fundadas en un proceso investigativo que a su vez fue de formación ciudadana.

El artículo desarrolla, a partir del análisis formal, racional y lógico del discurso aplicado a sentencias penales a personas mapuche, la constatación de prejuicios culturales configurados por los tribunales de justicia en el Sur de Chile. Estos indígenas han desarrollado acciones reivindicatorias del territorio en los últimos veinte años, protagonizando la agenda política y comunicacional, situación que provoca un desafío analítico permanente a las ciencias sociales. Mediante la aplicación del método analítico se logró establecer la manipulación de las expresiones discursivas, la asimilación de estereotipos y prejuicios preconcebidos, el empleo recurrente de razonamientos discriminatorios como parte de prácticas constantemente empleadas por los tribunales de justicia. Se logra observar, a través del lenguaje jurídico-judicial, que no solo se construye y representa la realidad sino que también se expresan formas específicas de ejercicio del poder y de control hacia grupos minoritarios de la sociedad chilena como es el caso del pueblo mapuche.

La aparente completud del derecho y de los sistemas jurídicos de la modernidad que proclamaron los juristas modernos como fin de una era de sistematización, sintetización y universalización lógica formal de un derecho consuetudinario e irracional se tambalea por los nuevos acontecimientos sociales, económicos, políticos y ambientales

El contrato concebido en el marco del individualismo liberal se convirtió en el resultado final de un proceso de oferta y aceptación que iba moldeando la expresión de dos voluntades que procuran garantizar sus intereses a la vez que buscan materializar el acuerdo. Sin embargo, los procesos de producción en serie, la economía de mercado, la evolución tecnológica y la sociedad de consumo generaron transformaciones que desembocaron en la proliferación de una nueva institución contractual: el contrato por adhesión. Las estructuras adhesivas implican restricciones al principio de libertad contractual y de la autonomía privada de los individuos, por lo que la intervención estatal en la materia se ha hecho necesaria para frenar los abusos que pudieran presentarse. Este artículo presenta una reflexión sobre la posibilidad de que el mercado pueda solucionar los problemas originados en la falta de libertad contractual de los consumidores en este tipo de esquemas contractuales. Se toman como base varios de los argumentos de los teóricos del análisis económico del derecho; de igual forma se expresa la imposibilidad de que el mercado pueda reemplazar a la libertad contractual y la insuficiencia de este para paliar las consecuencias derivadas de ello.